Resumen: PRIMERO .-El INSS recurre en suplicación la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Bilbao que, estimando la demanda interpuesta por Dª Salvadora, declara el derecho de la demandante a percibir pensión de jubilación con una base reguladora de 437,81 mensuales, porcentaje del 90,69 % y efectos del 08/06/2018. De este modo, acoge el magistrado de instancia la pretensión de la beneficiaria de que se aplique la teoría del paréntesis, que se pretendía desde la solicitud de la pensión hasta 02/08/1995, basada en que había sufrido un ictus en 2013 concurriendo ánimo de trabajar, con muchos periodos como demandante de empleo, aunque estableciendo la sentencia el paréntesis sólo desde 08/06/2018 hasta el 05/03/2008, y así deja sin efecto la resolución administrativa de INSS de 11/06/2018 que le había denegado la prestación de jubilación por incumplimiento del requisito de carencia específica, al no acreditar dos años de cotización en los últimos 15 anteriores al hecho causante, que en concreto se sitúa en el 09/06/2018. Esta resolución administrativa había sido confirmada por la desestimatoria de la reclamación previa de 09/08/2018 (fecha de salida), que también se deja sin efecto por la sentencia recurrida, y que razonaba que la actora no se encontraba de alta ni en situación de asimilada al alta en la fecha del hecho causante, momento de la solicitud, ya que entre la fecha del cese en su último trabajo, 31/08/2013 y la fecha del hecho causante 09/06/2018, había estado inscrita en el SPEE LANBIDE como demandante de empleo desde el 03/05/2016, sin percibir durante ese periodo prestación por desempleo alguna.
Resumen: PRIMERO.- Dispone el apartado 2 del artículo 7 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) que la competencia de los Juzgados y Salas de este orden jurisdiccional no es prorrogable y debe ser apreciada, incluso de oficio, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal; añadiendo el apartado 3 del mismo artículo que la declaración de incompetencia debe adoptar la forma de auto y efectuarse antes de la sentencia, remitiendo las actuaciones al órgano de la Jurisdicción que se estime competente, para que ante él siga el curso del proceso.
